El Grupo de estudios penales está constituido en la actualidad por once investigadores efectivos (seis hombres y cinco mujeres), de los que diez son doctores (nueve de ellos en régimen de dedicación exclusiva) y seis son profesores funcionarios con sexenios vivos (en conjunto cerca de veinte sexenios). Cuenta, además, con cuatro miembros colaboradores. Sus inicios como equipo de investigación que ha trabajado en proyectos conjuntos se remontan a los años noventa, aunque desde entonces ha sufrido algunas altas y bajas entre sus miembros efectivos, si bien el grueso mayoritario y principal del equipo viene siendo el mismo. No obstante, se han ido incorporando al grupo como miembros efectivos en los últimos tiempos investigadores procedentes de otras áreas de conocimiento; por lo tanto, no solo está integrado por investigadores del Derecho Penal, sino también de la Filosofía del Derecho y de la Educación, todo ello en la medida en que para determinados objetivos de la investigación debe atenderse a una perspectiva interdisciplinaria de los problemas penales. El Grupo de Estudios Penales fue reconocido por la DGA ya con esa misma denominación como grupo emergente en 2003, como consolidado desde 2005 hasta 2016, y como grupo de referencia desde 2017 a 2022. Con ese largo bagaje y en plena madurez intelectual, el equipo de profesores que lo integran ha desarrollado un amplio abanico de actuaciones orientadas a la investigación grupal coordinada, sin perjuicio del trabajo exclusivamente individual.
Entre las de carácter grupal destacan la elaboración de obras colectivas generales (cuatro libros, dos de ellos con sucesivas ediciones) que desarrollan completamente las asignaturas de la Parte General –comprensiva de las consecuencias jurídicas del delito– y de la Parte Especial del Derecho Penal. Dichos trabajos se han realizado en colaboración y coordinación con profesores investigadores de otras Universidades españolas (Universidad del País Vasco, Deusto, La Laguna y Las Palmas). Esto marca un primer objetivo general del plan estratégico de nuestro grupo consistente en el permanente estudio y actualización de la totalidad de la materia penal, sin que el mismo deba contemplarse como un aspecto puramente docente del profesorado universitario, en tanto las tareas investigadoras son en nuestro caso inescindibles de las docentes.
La legislación penal se viene caracterizando en los últimos tiempos por ser notablemente cambiante y ampliar paulatinamente el ámbito de las tipificaciones, así como la intensidad y el número de las consecuencias jurídicas del delito. Por ello otro de los objetivos generales del grupo consiste en prestar atención preferente al análisis de las reformas que durante los últimos años se han producido en la legislación penal española, así como de los proyectos de reforma penal que inciden en la legislación por influencia muchas veces del Derecho comparado (particularmente de signo anglosajón), del Derecho europeo, del Derecho internacional o, sencillamente, de las reivindicaciones sociales de mayor resonancia que se incluyen en las agendas de los partidos políticos gobernantes (por ejemplo, a ello responde la mayor penalidad de los homicidios imprudentes con pluralidad de víctimas del nuevo art. 142 bis CP o las propuestas de reforma de los delitos sexuales para eliminar la distinción entre abuso y agresión sexual). Esto es, nos ocupamos especialmente en la evolución de los criterios de política-criminal del legislador, siendo objeto de nuestras más recientes investigaciones las profundas reformas efectuadas en el Código penal durante el año 2015 y posteriormente en 2019, que han ido propiciando objetivos específicos de nuestras investigaciones sobre cuestiones de Parte General (la responsabilidad penal de las personas jurídicas y los programas de cumplimiento, los actos preparatorios punibles, la regulación legal de los concursos de delitos y la agravante de género, etc.) y el estudio de determinados grupos de delitos modificados legalmente (los delitos contra la vida, contra la integridad corporal y la salud, contra la libertad y contra la intimidad, el tráfico de órganos, los delitos sexuales, los delitos de incitación al odio y a la discriminación, y el enaltecimiento del terrorismo, entre otros). Asimismo, se está prestando especial dedicación a las propuestas prelegislativas actuales, principalmente en materia de violencia de género y de violencia contra las mujeres, la protección integral contra la violencia sexual, la regulación legal de la eutanasia y la reforma del delito de sedición. Sobre la mayor parte de los temas que acabamos de mencionar dirigimos tesis doctorales.
Asimismo, la atención preferente y específica del grupo está se centrando durante este periodo en los objetivos de los dos proyectos nacionales de investigación en los que la mayor parte de los miembros del grupo participan. El primero titulado “Sistema y taxonomía de las consecuencias jurídicas y diferenciación del subsistema de sanciones y consecuencias jurídicas del delito” (RTI2018-098251-B-I00), para el periodo 2019-2022, del que fue inicialmente investigador responsable el Dr. Luis Gracia Martín, aunque, tras su inesperado y triste fallecimiento en octubre de 2020, ha ocupado su lugar la Dra. Carmen Alastuey Dobón. En el mismo participan: Boldova Pasamar (TP), Escuchuri Aisa(TC), Mayo Calderón (TC) y Vizueta Fernández (TC). El segundo de los proyectos de investigación se titula Ciberseguridad y ciberdelitos (RTI2018-099306-B-100), para el periodo 2019-2022, es un proyecto interuniversitario codirigido por Carlos María Romeo Casabona (UPV) y María Ángeles Rueda Martín (UZ). En el mismo participan también: Boldova Pasamar (TP) y Urruela Mora (TC).
A lo anterior hay que añadir tres objetos específicos de análisis de carácter permanente que versan sobre: a) el Derecho Penal sanitario (agresiones a profesionales sanitarios, imprudencia en la actividad médico quirúrgica, secreto profesional, maternidad subrogada, causas de inimputabilidad basadas en anomalías o alteraciones psíquicas, falsificación de productos farmacéuticos, etc.) en cuanto venimos desarrollando anualmente desde 2014, en colaboración con la Sociedad Aragonesa de Psiquiatría Legal y Ciencias Forenses, foros y jornadas dirigidas a médicos y juristas sobre diversos aspectos de dicha materia; a ello se suma la línea de investigación que está desarrollando el Dr. Urruela Mora sobre aspectos jurídicos relacionados con la Pandemia por la COVID-19; b) el sistema de las consecuencias jurídicas del delito, comprensivo del Derecho Penal juvenil, que constituye una de las materias en las que más se ha legislado desde la implantación del Código penal de 1995. Una parte de los miembros del grupo venimos publicando una obra colectiva desde 1996 (que cuenta con siete ediciones desde entonces) destinada al estudio del sistema de consecuencias jurídicas del delito, que hoy por hoy constituye una obra de referencia sobre estas cuestiones. En este sentido en los últimos años nos hemos interesado por las modernas alternativas a la pena de prisión, como la mediación entre autor y víctima y por los tratamientos para los agresores de violencia contra la mujer como respuesta penal. También hemos atendido al estudio de las medidas de seguridad, tanto las que están previstas para sujetos con defectos de imputabilidad, como las que tienen como destinatarios a imputables peligrosos criminalmente (custodia de seguridad o libertad vigilada). Especial atención nos han merecido la introducción de la denominada prisión permanente revisable, así como la expulsión del extranjero como sustitutivo penal. Este objetivo concreto se enlaza con uno de los proyectos de investigación nacionales a los que se ha hecho referencia anteriormente (IP Alastuey Dobón), entre cuyos compromisos se encuentra la actualización y nueva edición del Tratado de consecuencias jurídicas del delito que publicamos en el año 2006 (Tirant lo Blanch) por parte de todos los miembros de dicho proyecto de investigación; c) las diversas manifestaciones de discriminación y su relación con la libertad de expresión y la incitación al odio, que constituye una línea de investigación que desarrollan principalmente las Dra. Elósegui Itxaso (actualmente Jueza del TEDH) y Alastuey Dobón, y a la que contribuimos otros integrantes del grupo desde una perspectiva penal (agravante de actuar por motivos de discriminación) como extrapenal (discriminación de las personas mayores).
El interés de todas estas investigaciones en el marco de nuestro proyecto estratégico consiste en vislumbrar los problemas sociales reales con que se encuentra el Derecho Penal e indagar sobre las formas de intervención jurídico-penal más adecuadas en cada caso atendiendo ante todo al marco normativo delimitado por los derechos humanos internacionalmente reconocidos y, en todo caso, con escrupuloso respeto al sistema de la teoría jurídica del delito que ofrece a los ciudadanos las necesarias garantías de seguridad jurídica, calculabilidad y no arbitrariedad en la interpretación y aplicación de los preceptos penales. Se trata por tanto de abordar desde una perspectiva penal o próxima a ella (en tanto se atienden múltiples perspectivas interdisciplinarias) problemas del máximo interés social, como actualmente son la lucha contra la criminalidad organizada (incluidos los fenómenos terroristas), la criminalidad empresarial en el espacio globalizado, la criminalidad informática sin fronteras espaciales, las formas de reacción penal e institucional frente a la violencia contra las mujeres, las violencias sexuales, el acoso laboral y escolar u otros modos de vulnerar la dignidad de la condición humana, así como la protección de los bienes jurídicos supraindividuales o colectivos y un largo etcétera de bienes esenciales para el ser humano y la sociedad que se tutelan o pretenden tutelar desde el Derecho Penal.